Debe restablecerse el funcionamiento de todos los poderes del Estado

DEBE RESTABLECERSE EL FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS PODERES DEL ESTADO

En la provincia de Buenos Aires, la justicia se encuentra sin funcionar normalmente desde el día 16 de marzo, y sólo se atienden cuestiones urgentes, con un criterio ampliamente restrictivo.

Desde ese entonces, miles de expedientes de diversa naturaleza en todos los juzgados provinciales de los distintos fueros se encuentran paralizados, o sea que miles de litigantes se ven impedidos de continuar sus procesos y, en definitiva, de obtener justicia.

En consecuencia, los abogados que dependen de su profesión para vivir se ven impedidos de ejercer su trabajo como auxiliares de la justicia y, por lo tanto, de obtener sus legítimos ingresos.

Por su parte, el poder legislativo provincial se encuentra también paralizado. No se celebran sesiones y, por lo tanto, no se trata ningún tipo de proyecto de ley, ni se ejercen los mecanismos de control y contrapesos que existen en el sistema republicano.

En nuestra ciudad, no somos ajenos a esas realidades. El Concejo Deliberante tampoco funciona, y el intendente gobierna a través de decretos, que amparándose en la situación de emergencia y en la falta de funcionamiento del cuerpo deliberativo avanzan sobre competencias exclusivas de ese departamento municipal.

No estamos en el siglo XIX. Hoy en día la tecnología ha sufrido importantísimos avances. Las computadoras personales se han transformado en una herramienta de trabajo imprescindible, y todos los profesionales y oficinas públicas cuentan con ellas. Lo mismo puede decirse del acceso a Internet.

La justicia provincial, aún con sus falencias, posee un importante sistema informático, con los expedientes digitalizados. Prácticamente todo puede hacerse vía electrónica (existen numerosos artículos y trabajos publicados que dan cuenta de cómo realizar diferentes gestiones y diligencias a través de la telemática), salvo ciertas diligencias.

Muchas de ellas podrían realizarse adoptando las medidas de seguridad necesarias, mientras que otras, las menos urgentes y que involucren concentración de varias personas en espacios reducidos y con extrema cercanía, podrían posponerse hasta que mejoren las condiciones sanitarias.

Lo mismo puede decirse de los cuerpos legislativos.

Aún transitando un período de emergencia, no puede admitirse una parálisis absoluta del poder legislativo. Es que justamente en estos casos, donde los poderes ejecutivos han concentrado el poder a través de esos instrumentos de emergencia, es cuando los representantes del pueblo deben ejercer un control más exhaustivo. No se trata, por supuesto, de obstruir el accionar ni de limitar las herramientas que poseen presidente, gobernadores e intendentes, sino de acompañar con la participación legislativa a través de la elaboración y la ratificación de los instrumentos pertinentes, pero sin que ello signifique dejar de controlar el accionar de aquel poder, y en caso necesario denunciarlo cuando se transforme en abusivo o lesivo de derechos fundamentales de los ciudadanos (obsérvese entonces que claramente deben estar funcionando en concordancia los tres poderes del Estado).

Reuniones de comisión virtuales, trabajo a distancia de los asesores, uso de firma digital, sesiones celebradas en forma presencial con distanciamiento social y elementos de protección, o incluso sesiones totalmente virtuales (Mendoza ya lo ha hecho), son algunas de las herramientas que se pueden utilizar.

Es necesario que todos los poderes del Estado, exponentes del sistema republicano de gobierno, vuelvan a funcionar, utilizando mientras dure la emergencia las herramientas que la tecnología pone a disposición, así como manteniendo las precauciones sanitarias.

De esa forma se garantizará el funcionamiento pleno del Estado, ya que, mientras los Poderes Legislativo y Judicial se encuentren paralizados, nunca podrá hablarse de un Estado presente, como a muchos les gusta invocar.

No cabe duda de que el Covid-19 es una enfermedad peligrosa. Pero también es peligroso que nos acostumbremos a vivir en un país donde la justicia no funcione y en donde se gobierne exclusivamente a través de decretos.

Ese país sería el paraíso y la delicia de los autócratas.